Brasil 2014 y Río de Janeiro 2016
Por EFE
El organismo asegura que se han llevado a cabo múltiples desahucios sin que se ha haya dado a las familias tiempo para proponer y discutir alternativas.
La relatora especial de la ONU sobre el derecho a un alojamiento digno, Rachel Rolnik, denunció que las autoridades de varias ciudades-sede de la Copa del Mundo de Fútbol y los Juegos Olímpicos practican desalojos y desplazamientos forzados que podrían constituir violaciones de los derechos humanos.
"Estoy particularmente preocupada sobre lo que parece ser un patrón de actuación de falta de transparencia y de consulta, de falta de diálogo, de negociación justa y de participación de las comunidades afectadas en procesos de desalojos llevados a cabo o planeados en conexión con el Mundial y los Juegos Olímpicos".
Rolnik señaló que los casos denunciados se han producido en San Pablo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Natal y Fortaleza.
La relatora explicó que ya se han llevado a cabo múltiples desahucios sin que se ha haya dado a las familias tiempo para proponer y discutir alternativas.
"Se ha dado insuficiente atención al acceso a las infraestructuras, servicios y medios de subsistencia en los lugares donde se ha realojado a la población desalojada".
"También estoy muy preocupada por la poca compensación ofrecida a las comunidades afectadas, lo cual es aún más grave dado el incremento del valor de los terrenos en los lugares donde se construirá para estos eventos", agregó la relatora.
Rolnik citó varios ejemplos, como el de San Pablo, donde "miles de familias han sido ya evacuadas en relación al proyecto conocido como 'Agua Espraiada', y donde otras diez mil están enfrentadas al mismo destino".
"Con la actual falta de diálogo, negociación y participación genuina en el diseño e implementación de los proyectos para el Mundial y los Juegos Olímpicos, las autoridades a todos los niveles, deberían parar los desalojos planeados hasta que el diálogo y la negociación puede ser asegurada".
Asimismo, la relatora solicitó al Gobierno que adopte un "Plan de Legado" para asegurar que los Juegos Olímpicos y el Mundial tengan un impacto social y medioambiental positivo y se eviten las violaciones de los derechos humanos, incluyendo el derecho a un alojamiento digno.
"Esto es un requerimiento fundamental para garantizar que estos dos megaeventos promueven el respeto por los derechos humanos y dejan un legado positivo en Brasil".
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