lunes, 25 de marzo de 2013

Un hincha del Athletic en una cárcel de Marruecos


Dos observadores internacionales quieren enviar una camiseta del club vasco a un saharaui condenado a cadena perpetua

Por Javier Ortiz de Lazcano
Canal Athletic

El Tribunal Militar Permanente de Rabat dictó una de las más duras sentencias de su historia el pasado 19 de febrero. Veinticuatro activistas saharauis fueron condenados. La mayoría a 20 años de cárcel. Nueve, a cadena perpetua. Entre los últimos estaba Abdeljalil Larusi, taxista de 34 años de El Aaiún, seguidor del Athletic y a quien las autoridades marroquíes habían impedido registrar una peña del equipo bilbaíno en la capital del Sáhara Occidental. Hubiera sido la primera agrupación rojiblanca en una ciudad africana que no sean las españolas Ceuta y Melilla. Larusi es un activista saharaui en favor de los derechos humanos y formó parte de uno de los comités en los que estaba organizado el campamento de Gdeim Izik, que fue desmantelado violentamente por el Ejército y la Policía marroquíes el 8 de noviembre de 2010.

El asentamiento, que reunió a 20.000 saharauis, se levantó a unos 15 kilómetros de El Aaiún para reclamar mejores condiciones económicas y sociales a Marruecos. Los activistas denuncian que en su desalojo hubo dos muertos entre los suyos, uno de ellos un niño de 14 años. Por parte de los marroquíes hubo al menos tres fallecidos, pero, según observadores internacionales, su Gobierno hace variar la cifra una y otra vez. Larusi fue detenido el 12 de noviembre de 2010 en Bojador (Sahara Occidental), acusado de haber participado en los altercados. Según las asociaciones de derechos humanos saharauis, fue sometido a diversas formas de tortura psicológica y física, desnudado y esposado con los ojos vendados durante más de cuatro días y colgado de un palo suspendido en el aire. Además, denuncian, sufrió golpes en todo su cuerpo, le aplicaron descargas eléctricas, le arrancaron el pelo y amenazaron con violarle y traer a su esposa para violarla delante de él.

Juan Soroeta, profesor de Derecho Internacional en la facultad de Derecho de la UPV de San Sebastián, y Arantza Chacón, jurista vitoriana que trabaja en cooperación internacional, acudieron al juicio como miembros de la Asociación Internacional para la Observación de los Derechos Humanos. «No existe prueba alguna que vincule a los acusados con las supuestas víctimas (entre 9 y 23 según las cifras manejadas por el propio Gobierno marroquí a lo largo del proceso), de las que ni siquiera se practicaron autopsias, no hay armas, no hay huellas, no se confiscaron los vehículos con los que supuestamente atropellaron a las fuerzas del orden, no hay vídeo concluyente alguno. Nada que explique quién asesino a quién, en qué circunstancias, a qué hora, de qué forma, atropellados o con armas blancas», escribieron en 'El Diario Vasco'.

Discriminación

Hubo un momento del juicio que llamó la atención de Soroeta y Chacón. Larusi testificaba ante el tribunal y quería poner en evidencia que en El Aaiún el Gobierno marroquí no respetaba sus derechos individuales. «Soy seguidor del Athletic. Un grupo de personas quisimos hacer una peña de ese equipo en El Aaiún. Todo iba bien hasta que llevamos los nombres al registro y apareció el mío entre las firmas. Ése fue motivo suficiente para que se rechazara la inscripción de la peña. Es un ejemplo más de la discriminación que sufrimos», explicó.

Para Soroeta y Chacón lo cotidiano de ese episodio simboliza la falta de derechos civiles de los saharauis. Ahora se han marcado como objetivo hacerse con una camiseta del Athletic que firmen los jugadores de la primera plantilla para entregársela a Larusi en la prisión de Rabat. «Será una sorpresa. Queremos darle una pequeña alegría, sacarle una pequeña sonrisa», relatan.

El 17 de febrero fue condenado a cadena perpetua. Como el resto de activistas de derechos humanos saharauis proclamó ante el tribunal que su lucha es pacífica y denunció que no le estaban juzgando a él sino al pueblo saharaui. Abdeljalil Larusi es padre de dos niños y en estos momentos cumple condena en la cárcel de Sale (Rabat).

El Tribunal Militar Permanente de Rabat dictó una de las más duras sentencias de su historia el pasado 19 de febrero. Veinticuatro activistas saharauis fueron condenados. La mayoría a 20 años de cárcel. Nueve, a cadena perpetua. Entre los últimos estaba Abdeljalil Larusi, taxista de 34 años de El Aaiún, seguidor del Athletic y a quien las autoridades marroquíes habían impedido registrar una peña del equipo bilbaíno en la capital del Sáhara Occidental. Hubiera sido la primera agrupación rojiblanca en una ciudad africana que no sean las españolas Ceuta y Melilla. Larusi es un activista saharaui en favor de los derechos humanos y formó parte de uno de los comités en los que estaba organizado el campamento de Gdeim Izik, que fue desmantelado violentamente por el Ejército y la Policía marroquíes el 8 de noviembre de 2010.

El asentamiento, que reunió a 20.000 saharauis, se levantó a unos 15 kilómetros de El Aaiún para reclamar mejores condiciones económicas y sociales a Marruecos. Los activistas denuncian que en su desalojo hubo dos muertos entre los suyos, uno de ellos un niño de 14 años. Por parte de los marroquíes hubo al menos tres fallecidos, pero, según observadores internacionales, su Gobierno hace variar la cifra una y otra vez. Larusi fue detenido el 12 de noviembre de 2010 en Bojador (Sahara Occidental), acusado de haber participado en los altercados. Según las asociaciones de derechos humanos saharauis, fue sometido a diversas formas de tortura psicológica y física, desnudado y esposado con los ojos vendados durante más de cuatro días y colgado de un palo suspendido en el aire. Además, denuncian, sufrió golpes en todo su cuerpo, le aplicaron descargas eléctricas, le arrancaron el pelo y amenazaron con violarle y traer a su esposa para violarla delante de él.

Juan Soroeta, profesor de Derecho Internacional en la facultad de Derecho de la UPV de San Sebastián, y Arantza Chacón, jurista vitoriana que trabaja en cooperación internacional, acudieron al juicio como miembros de la Asociación Internacional para la Observación de los Derechos Humanos. «No existe prueba alguna que vincule a los acusados con las supuestas víctimas (entre 9 y 23 según las cifras manejadas por el propio Gobierno marroquí a lo largo del proceso), de las que ni siquiera se practicaron autopsias, no hay armas, no hay huellas, no se confiscaron los vehículos con los que supuestamente atropellaron a las fuerzas del orden, no hay vídeo concluyente alguno. Nada que explique quién asesino a quién, en qué circunstancias, a qué hora, de qué forma, atropellados o con armas blancas», escribieron en 'El Diario Vasco'.

Desmantelamiento

Policía y Ejército: Marruecos desalojó de forma violenta el asentamiento de Gdeim Izik, en el que vivían 20.000 saharauis. Murieron dos, uno de ellos menor. Ebn la parte marroquí hubo tres fallecidos, pero el Gobierno cambia la cifra una y otra vez.

Maltrato a Larusi

Antes de la condena: Según las asociaciones humanitarias saharauis, Larusi fue torturado física y psicológicamente. Le vendaron los ojos y le mantuvieron colgado de un palo durante cuatro días.

Publicado originalmente el 18 de marzo en canalathletic.com